Israel es el décimo país en el mundo en criminalizar la contratación de servicios sexuales y en proveer al mismo tiempo alternativas de rehabilitación para quienes ejercen la prostitución
La llamada “solución nórdica” fue implementada por primera vez por Suecia en una ley de 1999, y luego por Noruega, Islandia, Canadá, Francia, Irlanda del Norte, y ahora Israel.
Frente a quienes ven una contradicción entre volver ilegal el pago por servicios sexuales pero no el ofrecerlos, los propulsores de la ley responden que la prostitución es esencialmente un acto de explotación y violencia por parte de los clientes.
Estos tienen una posición de poder, y deben por lo tanto ser los que lleven el peso de la penalización.
La gran mayoría de quienes ejercen la prostitución forman parte de los grupos más débiles de la sociedad: madres solteras sin recursos o con grandes deudas con el llamado “mercado gris”, menores en riesgo, solicitantes de asilo y personas transgénero.
Es a estas personas, que han sido atrapadas en el ciclo de la prostitución por no tener otra opción, que la ley está destinada a proteger.
En lugar de ser criminalizad@, se les ofrecerá servicios de rehabilitación y reinserción a cargo del estado..
La nueva ley, aprobada por una coalición transversal de todos los partidos y sin votos en contra, penalizará no solo el pago por servicios sexuales, sino también la mera presencia en lugares utilizados principalmente para la prostitución, como un burdel.
Tanto el proxenetismo como el tráfico sexual y la posesión y/o administración de un burdel ya eran punibles según las leyes israelíes.
La ley incluye un presupuesto de USD 24 millones durante tres años para proporcionar ayuda y financiar planes de rehabilitación y reinserción laboral a quienes deseen abandonar el ejercicio de la prostitución, en especial a los grupos más vulnerables como las madres (alrededor del 70% de los casos), hombres y mujeres que sufren tanto adicción como daño emocional, y las personas transgénero.
En un estudio de 2016 del Ministerio de Bienestar Social, el 71% de las prostitutas dijo que comenzó el trabajo sexual por desesperación financiera, y el 76% que lo abandonaría si pudieran.
La ley asigna la responsabilidad de la prostitución a los consumidores que hasta ahora han evitado el castigo.
Ahora serán multados, y se ofrecerá tratamiento a cualquier persona adicta a estos servicios.
Los infractores por primera vez recibirán una multa de 2,000 NIS (US$ 530), y la suma se duplicará por infracciones repetidas dentro de los tres años, con una multa máxima de NIS 75,300 (US$ 20,400).
Los fiscales también estarán facultados en ciertos casos a procesar penalmente a los clientes.
